El exceso de regulaciones les cuesta RD$197,000 millones a ciudadanos

El costo social de las regulaciones existentes en la República Dominicana, para que los empresarios y ciudadanos se beneficien de los servicios que ofrece el Estado asciende a RD$197,000 millones, según un estudio realizado por el Consejo Nacional de Competitividad.

Este costo no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales.

De acuerdo con el director ejecutivo de Competitividad, Rafael Paz, un total de 2,097 regulaciones administrativas vigentes y 1,873 trámites y servicios fueron los resultados del diagnóstico de RD+Simple, una iniciativa del Gobierno que busca mejorar la eficiencia de instituciones públicas.

Explicó que esto será posible a través de la agilización de los procesos, mejoras en las regulaciones y el fomento de la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas.

Resaltó que esta investigación permitirá poner en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria para elevar la calidad en esta materia, simplificar los trámites y reducir sus tiempos y costos.

El estudio presentado por Paz, conjuntamente con el representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legrottaglie, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache y otras personalidades, muestra que el 60 % de la carga regulatoria recae en sólo 10 trámites, entre los que se destacan los registros sanitarios, la mecanización agrícola y las solicitudes de exequátur profesionales. La estimación fue realizada por la Dirección de Análisis Regulatorio (DAR) del Consejo Nacional de Competitividad, con el apoyo metodológico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (Conamer).

“Ante estos resultados, hago un llamado a la reflexión a los reguladores sobre su rol e impacto en los ciudadanos y en los sectores productivos, pero también quiero llamarlos a tomar acción para revertir esta situación y evitar que muchas de las regulaciones vigentes sigan generando trabas y mayores costos”, precisó Paz

Además, se incluyó en este levantamiento un inventario regulatorio, que permitió conocer la cantidad de las regulaciones administrativas vigentes, así como un proceso de consulta pública a empresas y asociaciones empresariales; y se encuestó a más de 800 ciudadanos, para conocer de primera mano cuáles son las regulaciones, los trámites y servicios más complejos.

Paz informó que el segundo componente consiste en la Iniciativa para la Transformación del Procedimiento Regulatorio. Para esto, se someterá a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo una propuesta de reglamento, con el propósito de articular los elementos fundamentales del ciclo regulatorio y crear herramientas que sigan las buenas prácticas internacionales en esta materia, como: planificación semestral de la agenda regulatoria, tanto para las nuevas regulaciones como las que requieran modificaciones, plazo de consulta pública a 60 días, análisis de impacto regulatorio como requisito para la emisión de nuevas regulaciones y otros.

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